En ese marco, buscan que el organismo informe el marco legal que vincula al Ente con las distribuidoras locales, la cantidad de usuarios directos, y la situación y monto de la deuda de las distribuidoras con el Ente y de este último con la mayorista Cammesa. 

En los fundamentos señalan que el EPEN, encargado de la ejecución de redes y prestación de servicio eléctrico en distintas localidades de la provincia y áreas rurales, viene aplicando aumentos desmedidos y una baja en la calidad de los servicios que presta a pesar del congelamiento en el valor de los servicios dispuesto por un decreto nacional en el marco de la pandemia. 

“Un Ente que no transparenta su fórmula polinómica de manera tal poder entender las variables económicas y financieras – como por ejemplo, las que las distribuidoras locales financian con su tarifa la ejecución de obras rurales – nos sorprende con un verdadero tarifazo con – pareciera – una intención de recuperar el tiempo perdido sin tener en cuenta, siquiera en este aumento y por ahora, la variable salarial cuestión que está preanunciando un nuevo aumento tarifario”, sostienen.

El proyecto lleva las firmas de Soledad Martínez, Soledad Salaburu, Lorena Parrilli, Darío Peralta y Sergio Fernández Novoa.