La ciudad cordillerana no desentona de lo que sucede en el resto del país en relación a la seguridad vial. Al punto de encontrarse en Emergencia desde el 2019, la cual se solicitó por la cantidad de accidentes que se sucedían.

En ese marco, el Defensor del Pueblo y el Ambiente de San Martín de los Andes, Fernando Bravo, explicó en comunicación telefónica con el programa “Cosas que Pasan” por Radio Fun, las razones para reiterar el pedido de que se conforme el Consejo Consultivo de Seguridad Vial.

El Defensor explicó que este organismo “recupera el Observatorio de Seguridad Vial que estaba previsto del 2013 que nunca se puso en marcha, por eso la idea es que se conforme y finalmente comience a funcionar”. En tanto que indicó que en el 2019 lo que sucedía era que había una emergencia vial por la cantidad de accidentes que hubo y que coronó con dos muertes por causas de accidentes viales en 72 horas.

Con respecto a lo que se puede hacer, Bravo explicó que “no hay que tomar acciones independientes, como colocar o no semáforos, tener estacionamiento medido o no, definir el sentido de circulación de las calles, esas son decisiones eventuales, sobre un problema más grande y abarcativo. La política de seguridad vial tiene que ver con entender a la ciudad como una cosa viva y en movimiento. San Martín de los Andes está graficada como una T que es hacia donde crece y hacia donde va el flujo de la gente. La ciudad tiene la particularidad que está organizada por manchas urbanas dispersas que representa que nuestra localidad tiene problemas de conectividad”.

Según plantea el Defensor, “entendemos que si recreamos el Consejo de Seguridad Vial y le damos valor al Observatorio Vial del 2013, que jamás se puso en práctica, podríamos generar un estudio epidemiológico de tránsito para tomar decisiones acerca de qué hacer. Hay que tener en cuenta, que en realidad el estudio epidemiológico del tránsito se hizo en el 2017, pero poca atención le prestaba el poder político. Entonces la gente se cansa de hacer y que no lo tomen en cuenta. Justamente el Consejo de Seguridad Vial tiene como mecánica que, el Observatorio recoge la información y los estudios, se la pasa al Consejo, éste la evalúa y la tamiza y se la pasa a los poderes políticos, como el Concejo Deliberante”.

Ante el planteo del costo que tendría la implementación de un nuevo organismo, Bravo explicó que no tendrá, “porque los integrantes son ad-honorem o son de la planta municipal, sí tiene un costo administrativo por la necesidad de que tenga un lugar en donde funcione, como una oficina, una computadora entre otras cosas que se necesiten”.

La urgencia y la necesidad de que se implemente este Consejo se basa en que “en los últimos 25 años en nuestra localidad lo único que tenemos de novedoso con respecto al flujo de tránsito (que comprende el movimiento de peatones, motociclistas, automovilistas, camiones, entre otros), la única modificación significativa que hubo fue la apertura parcial de la ruta alternativa norte. Los cambios de sentido vehicular, como los que se llevaron a cabo estos años, lo mismo que el pavimento o alguna rotonda, no son decisiones que tienen que ver con un mapeo integral del flujo de tránsito de la ciudad, son respuestas puntuales a problemas puntuales, pero no puede ser la solución a la seguridad vial”, planteó el Defensor.

Con respecto a las acciones que se podrían llevar adelante, Bravo detalló que “quizás hay cuestiones a pensar que no tienen que ver con el sentido de las calles, por ejemplo, se puede pensar en no aprobar más Bancos en el casco céntrico, como se hicieron en con las delegaciones o descentralizar el Municipio. Esto permite que la gente no se tenga que acercar tanto al centro. Hay que tener cuidado con la idea de que no hay presupuesto porque en los últimos 25 años otras localidades como Junín de los Andes o como Dina Huapi pudieron hacer travesía urbana, o también circunvalaciones, como la que se realiza en Villa la Angostura y en nuestra localidad se hizo muy poco en relación a este tema”.

Poner en marcha el Consejo no debería llevar tiempo. Según explicó Bravo, puede comenzar a funcionar por dos vías. Por un lado, que el Ejecutivo reglamente el decreto que lo debería haber puesto en marcha en el 2013. En tanto que también podría ser conformado por una ordenanza del Concejo Deliberante.