Impulsando este proceso, la provincia ratifica su intención de trabajar para que la actualización se alcance en 2022-2023 y sea, nuevamente, de carácter pionero como ocurrió con la reforma del Código Procesal Penal, garantizando espacios de participación ciudadana e institucional para llegar a la construcción de instrumentos jurídicos de avanzada, que garanticen accesibilidad, rapidez y eficiencia; un código moderno, actualizado a los tiempos que corren, para los próximos 50 años.

La intención, según explicaron durante el encuentro, es avanzar hacia un servicio de Justicia de mayor cercanía y que resulte más simple para la gente: para que, en esta reforma, la persona sea la centralidad y no el expediente que tramita ante la Justicia.

El Código Procesal, Civil y Comercial actual tiene 46 años de vigencia, en los cuales ha habido grandes cambios sociales y desde diversos sectores se ha planteado la necesidad de avanzar en su actualización. De hecho, la ley provincial 2971 –sancionada en 2015- establece los lineamientos y principios rectores para su reforma.

Entre los ejes abordados durante la reunión de trabajo se planteó que la mayoría de los conflictos que llegan a estos fueros judiciales se puedan resolver en instancias de mediación, arbitraje u otras herramientas jurídicas para evitar el juicio. Pero, en caso de que no se pudiera llegar a un acuerdo entre las partes y hubiera que alcanzar esa instancia, procurar que el juicio no se extienda a lo largo del tiempo.

En definitiva, se busca trabajar en procesos más simples, en una mayor accesibilidad y transparencia, para que la justicia llegue a tiempo y cumpla con su objetivo.

Durante el encuentro, realizado en la Residencia de la Costa, se destacó la necesidad de construir consensos y tener en cuenta todas las miradas que existen en torno a este tema. Por eso, se acordó que a partir de febrero del 2022 comiencen a disertar las distintas escuelas de derecho procesal en materia civil para que, con participación ciudadana y fortalecimiento de la sociedad, haya posibilidad de visibilizar las distintas opiniones: dando lugar a los tres poderes del Estado y también a la participación ciudadana.

También estuvieron de acuerdo con el funcionamiento de la comisión Interpoderes y adelantaron que los colegios profesionales podrán participar de la misma, al igual que las organizaciones civiles, casas de estudios, gremiales y culturales. Para ello se establecerá un cronograma de trabajo que incluya un plan con actividades.